Foto de portada: El Sol de Sinaloa
NI UNA MENOS EN CONTEXTO: ¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON LAS MUJERES EN LA GUERRA INTERNA DEL CÁRTEL DE SINALOA?
Tres datos clave
- Desde el 9 de septiembre de 2024, Sinaloa atraviesa por una grave situación de violencia por los enfrentamientos entre Los Chapitos y Los Mayos.
- De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado, el feminicidio incrementó 37.50% en 2025.
- Pese a cifras récord desde la tipificación del feminicidio en Sinaloa, el gobierno y su institucionalidad obvian e invisibilizan cómo se han visto afectadas las vidas de mujeres, niñas y adolescentes.
versiones en audio
«Hace poco estaba en un evento sobre construcción de paz en Sinaloa. Y ese día, justamente a la 1 de la tarde, hubo el asesinato de dos tránsitos, una balacera, enfrentamiento con maleantes y Ejército en el centro de la ciudad. Cometí el error de preguntarle a varios varones ahí en ese evento: ‘¿Será seguro salir en este momento e irme para mi casa?’. Y me miraron como si estuviera apestada. A mí me parece que lo prudente es preguntar. Pero a estas personas no les pareció prudente. Mi reacción les pareció exagerada. Ver eso me dio mucho miedo» – Priscila, integrante de la colectiva No Se Metan con Nuestras Hijas.
El recuerdo de Priscila, difuso entre la bulliciosa armonía de sirenas, helicópteros y automovilistas que esperan a la mínima y cautelosa señal para continuar con su ruta, tiene fecha del 8 de octubre de 2025. Pero sus palabras esbozan una crónica que podría corresponder a cualquier día y a cualquier persona que desde hace más de un año sabe que en Sinaloa, sea en sus ciudades o periferias, la calma —esa pausa entre un hecho violento y otro— es de cinco horas.
Ir y volver del trabajo, salir por una emergencia médica, aprovechar para recoger a les niñes de la escuela o para distraerles fuera de casa un rato, hacer las compras, visitar a la familia, lograr el costo de la vida diaria con apegos a plazos obligatorios de una tranquilidad que cada vez es más fugaz. Estas son las máximas que rigen la cotidianidad de les sinaloenses desde el 9 de septiembre de 2024, cuando las fracturas internas del Cártel de Sinaloa, también conocido como el Cártel del Pacífico, desataron una violencia sin precedentes.
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Bajo el regazo de llanuras costeras y abrazado por vientos cálidos que rozan los tallos de la amapola, Sinaloa está en el noroeste del país. El cariño de llamarlo «el granero de México» no solo se explica por su rol protagónico — ese que le arrebató al Bajío— en la alimentación con las cosechas de maíz y frijol; la fertilidad de sus tierras ha sido hogar de literatas que sembraron un legado entre paisajes precámbricos, lenguas salvajes y mundos que juntan sus extremos, como escribirían Anehel Ramírez Hernández y Norma Bazúa.
Si algo susurraron las rancheras de Chayito Valdez es que a su tierra natal la arrulla un vaivén de los claroscuros de la vida. Al lado de Chihuahua y Durango, Sinaloa forma parte del Triángulo Dorado, uno de los epicentros clave para la producción y el tráfico internacional de drogas y, por ende, una de las zonas de mayor interés y control para el crimen organizado.
A lo largo de su historia, Sinaloa ha sido refugio y éxodo. En los tiempos de la Revolución, a inicios del siglo XX, en el sur, las mujeres de la Concordia se vieron obligadas a abandonar sus hogares por la violencia sexual a manos de los soldados y por el miedo de que se llevaran a sus hijos para reclutarlos. De las sierras huyeron a Culiacán y Mazatlán, ciudades que en los 70 fueron destino para quienes vivían cerca de yacimientos mineros o para quienes la supervivencia se volvió insostenible en Nayarit, Sonora, Jalisco y Guerrero.
A la población sinaloense y guerrerense no solo las une el lienzo rojizo de la amapola o lo estratégicos que fueron sus territorios para el pistolerismo. También comparten lo reiterados y descarados que han sido los intentos con los que sus gobiernos —tanto estatales como locales— han querido deslindarse de abandonos y de la maquetación de narrativas criminalizantes, queriendo marcar una distancia forzada y falaz de los impactos que tuvieron intervencionismos estadounidenses como la Operación Cóndor o la necropolítica de Felipe Calderón.
Por décadas, escribe la historiadora Liliana Plascencia, se ha construido la «idea del ethos violento del sinaloense». En 1976, el entonces gobernador Alfonso Genaro Calderón Velarde se enojó con la prensa por hablar de las 11 personas fallecidas tras el enfrentamiento entre aliados de las familias Otañez Lafarga y Quintero Páez, ambas con gran interés por el control territorial para el tráfico de drogas, y, en sus palabras, no tomar en cuenta las «tantas cosas positivas» que estaban pasando.
El reclamo no fue la única herencia que dejó Calderón Velarde. Su afirmación de que «las mafias no respetan» mutó en 2016, cuando el también exgobernador Mario López Valdez dijo que la delincuencia era una tradición en la entidad.
Años antes, en 2008, cuando el calderonismo puso en marcha el Operativo Culiacán-Navolato para, supuestamente, combatir a Los Zetas, el Cártel de Sinaloa y los Beltrán Leyva, el exgobernador Jesús Aguilar Padilla y el expresidente municipal de Culiacán, Jesús Vizcarra Calderón, mantuvieron la postura de que la violencia «venía con la civilización» y era algo «normal».
A casi 20 años de la declaración de la guerra contra el narcotráfico, la invisibilización de una crisis de derechos humanos —marcada por la excesiva presencia militar en las calles, la colusión criminal de la policía, las desapariciones, los homicidios y las ejecuciones extrajudiciales— sigue enraizada en las administraciones y es columna vertebral de una política de (in)seguridad apoyada en un negacionismo gubernamental que ve en las más de 2000 fichas de búsqueda y las 50 comunidades desplazadas una orquestación mediática de desprestigio.
LAS PARTICULARIDADES DE LA ACTUAL GUERRA INTERNA EN SINALOA: CLAVES PARA ENTENDER LA DISPUTA ENTRE LOS CHAPITOS Y LOS MAYOS
Las primeras horas de la mañana del 9 de septiembre de 2024, el Ejército y civiles armados se enfrentaron en la localidad de La Campiña y la sindicatura de Costa Rica. Dicho episodio provocó la suspensión de clases en las escuelas y el funcionamiento irregular del transporte público.
Mientras el gobierno estatal, a cargo del morenista Rubén Rocha Moya, hablaba del decomiso de armas de fuego y camionetas blindadas, entre vecinxs, compañerxs de trabajo y familiares ya se alertaba de bloqueos, la decisión de cambiar los horarios de apertura y cierre de los negocios y las altas probabilidades de que la incertidumbre cruzara la capital. Y así fue: la brusca y exigente cautela se extendió a Ahome, Angostura, Concordia, Elota, Mazatlán, Navolato, Mocorito y Salvador Alvarado.
«Son de cinco a seis eventos diarios entre asesinatos, retenes y sin contar el número de vehículos robados. Hemos estado viviendo eventos que hace dos años no eran normales. No voy a decir que Culiacán siempre ha sido una ciudad tranquila porque claro que no. Aunque es una ciudad que siempre ha estado atravesada por la violencia del narco, había ciertos pactos, había ciertos acuerdos», dice Heidy, historiadora y activista en la colectiva No Se Metan Con Nuestras Hijas, a Cuéntame Latam. El panorama que traza es el que se sobrevive a lo largo y ancho de la entidad luego de los quiebres definitivos entre las facciones del Cartel de Sinaloa, una red que reúne a los capos más poderosos de México y, a la fecha, la mayor organización narcotraficante del hemisferio occidental.
Con más de 50 años de operación dentro y fuera del país —desde las zonas campesinas de los Altos hasta las calles del Ecuador y las avenidas que transitan sus aliados en Filipinas, Tailandia y Nueva Zelanda— el grupo criminal con origen en las relaciones comerciales que mantuvieron Pedro Avilés Pérez, «El León de la Sierra», y su gente con Estados Unidos ha sido uno de los protagonistas en la perpetración de la violencia territorial y la consolidación de una impunidad estatal que alcanza el 94%.
«Había protocolos sociales que desde el 9 de septiembre de 2024 se rompieron. Toda nuestra normalidad y todo nuestro tejido social es diferente ahora», insiste la también escritora. Aunque los últimos seis años Sinaloa llegó a los titulares de la prensa nacional e internacional por los dos Culiacanazos —uno el 17 de octubre de 2019 y otro el 5 de enero de 2023— para capturar a Ovidio Guzmán (hijo de Joaquín Guzmán Loera «El Chapo») , el actual y laberíntico paisaje no había tenido lugar en la historia del estado y, quizá, tampoco en la historia del propio cartel; ni siquiera en la adopción de su carácter transfronterizo en los 90, la reconfiguración de sus alianzas con los acuerdos matrimoniales, en lo más álgido de la guerra contra las drogas —cuando tambalearon sus tratos con los Beltrán Leyva y el Cártel de Juárez—, en los eventos relatados por el Movimiento Alterado o en su ruptura con el Cártel del Milenio.
Sin embargo, las relaciones de compadrazgo, la conquista de rutas por Sudamérica, los beneficios que encontraron en tener a criminales como funcionarios de alto rango (como Genaro García Luna al frente de la Secretaría de Seguridad Pública), los presuntos sobornos millonarios a la presidencia de Enrique Peña Nieto y la también presunta colusión con gente cercana al exmandatario Andrés Manuel López Obrador no significaron que en el acervo del Cártel de Sinaloa no estuvieran camufladas fisuras que antecedieron a la guerra entre Los Chapitos — hijos de El Chapo— y La Mayiza, asociada a la familia de Ismael Zambada García, alias El Mayo, socio de El Chapo y «único capo de la vieja guardia que evadió la justicia por más de cuatro décadas», como señala InSight Crime.
Desde sus inicios y hasta 2021, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) identificó cinco rupturas del Cártel de Sinaloa y especialistas advirtieron de un proceso de restructuración, luego de que la atención policial y mediática puso nombres como el de Miguel Ángel Félix Gallardo («El Jefe de Jefes»), Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo, fundadores del Cártel de Guadalajara, Amado Carrillo («El señor de los cielos») en los pies de página para dar paso a la tercera generación de grandes capos, en la que, además de El Chapo, El Mayo y los hermanos Beltrán Leyva, entraron Ignacio Coronel Villarreal y Juan José Esparragoza Moreno.
En 2008, mientras más de 10,000 fuerzas federales ocupaban las calles del país, la detención de Alfredo Beltrán Leyva en Culiacán —la caída del «Mochomo» describió la prensa— y la liberación de Archivaldo Guzmán —de Los Chapitos— encendieron las alarmas de un posible intercambio entre el Cártel de Sinaloa y el Gobierno mexicano. La disputa entre los grupos criminales provocó el desplazamiento de miles de personas en el Triángulo Dorado.
Con el ascenso de El Chapo como el criminal más visible del Cártel de Sinaloa, Estados Unidos construyó varias narrativas —no todas ciertas— sobre Los Chapitos. Estas declaraciones de, principalmente, fiscales protagonizaron varios titulares, dejando entre columnas los enfrentamientos entre la gente del Chapo y el Mayo y obviando la relevancia que tuvo uno de los hombres de mayor confianza de El Chapo: Damaso López Núñez, alias «El Licenciado», quien presuntamente intentó asesinar al Mayo y a dos de Los Chapitos.
En los años siguientes, las acusaciones de «traición» fueron tan frecuentes como las secciones policiacas y de seguridad que informaron sobre las capturas y fugas de El Chapo, finalmente extraditado a Estados Unidos el 19 de enero de 2017, año en el que también arrancó la administración estatal de Quirino Ordaz Coppel, que no sólo fue un trazo fiel al estilo Atlacomulco [y capricho de Enrique Peña Nieto], sino también un Gobierno apoyado en la militarización, la falta de atención a las desapariciones y la impunidad que rodeó a asesinatos como el del periodista Javier Valdez.
Después de las elecciones de 2021 —proceso recordado por las constantes amenazas a candidates y funcionares de casilla y acusaciones por presunta influencia de la gente de El Mayo en los resultados—, el gobierno de Rubén Rocha Moya habló del proyecto de pacificación como un caso éxito que, en 2023 y 2024, con el segundo Culiacanazo y la ola de violencia que secundó la detención de Ismael Zambada García en Nuevo México —también visto como una traición entre las facciones del Cártel de Sinaloa—, sería sería sepultado en la misma tierra que da vida a las hortalizas.
En seis meses, la violencia homicida aumentó 57% y especialistas empezaron a hablar del estado como el epicentro de una Guerra Fría. Distantes de un concepto internacionalista que suena ajeno, les sinaloenses adoptaron una expresión más corta para hablar sobre cómo la comunidad rural de La Loma es una frontera en la que inicia, pausa o termina la vida.
Pese a su extensión y complejidad —tanto gramática como sociopolítica— la palabra «narcopandemia» dejó de ser suficiente para familias que, de ser económicamente estables, ahora dependen de la logística de bancos de alimentos rebasados por las más de tres mil solicitudes que reciben al mes. Dejó de ser suficiente para les estudiantes —desde preescolar hasta universitario— que ya no envían mensajes para preguntar la tarea, sino para compartir la frustración de que su experiencia escolar se limita a escuchar el sonido de ambulancias y patrullas.
Narcopandemia es una palabra que la gente rechaza tan íntima como colectivamente. Algunas personas —las que piensan en el cierre de sus negocios, en si les tocará recorte o, incluso en terminar sus relaciones de pareja—se inclinan por una pronunciación taciturna y otras por una que ensordece y mariposea en fanzines firmados por el Club de culichis que lloran.
Aún así, tuvo que pasar casi un año para que el gobernador Rubén Rocha Moya dejara de obligar a la población a no sentir miedo para admitir públicamente que las estrategias de ‘seguridad’ no estaban funcionando.
LAS CONSECUENCIAS DE NEGAR LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO Y OBVIARLAS COMO PARTE DE UNA NARCONARRATIVA
Sinaloa retrocedió en el Índice de Paz México 2025. En este contexto, el gobierno y su institucionalidad obviaron e invisibilizaron cómo se han visto afectadas las vidas de mujeres, niñas y adolescentes. «Estamos atravesando un periodo de galighting. Está habiendo una censura en cuanto a los eventos», comparte Heidy en respuesta a las dificultades que, al lado de su compañera Priscila y otras colectivas enfrentan al momento de demandar acciones contra las violencias en razón de género. De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado, el feminicidio incrementó 37.50% y en septiembre de 2025 alcanzó la cifra más alta desde 2012, cuando se tipificó como delito autónomo en el Código Penal local.
«Se están aprovechando las aguas revueltas para cometer este tipo de actos y que digan que se trató de un caso más de la violencia que está ocurriendo en la entidad. [En diciembre de 2024] una mujer fue víctima de feminicidio. Cuando recién se dio el caso, hubo muchos rumores y comentarios de que se trató de un ataque de un grupo del crimen organizado», denuncia Marlene León, directora de la organización Iniciativa Sinaloa, sobre el feminicidio de Astrid Yáñez (26) e infanticidio de su hijo, Dante (6), quienes vivían cerca del sector Los Mezcales, en Culiacán.
Astrid era psicóloga; daba consultas especializadas en ansiedad, depresión y adicciones. Para sustentar su carrera, trabajó en un call center, donde conoció a Jesús Fernando, su expareja y padre de Dante. Jesús nunca quiso asumir la paternidad y Astrid lo demandó.
Jesús Fernando se postuló para ocupar un cargo público en Culiacán y colectivas locales ayudaron a Astrid a denunciar que se trataba de un deudor alimentario, lo que impidió que pudiera contender, esto en conformidad con lo que establece la Ley Sabina. Jesús Fernando amenazó a Astrid y le exigió quitar la demanda, pero no lo hizo.
El 28 de diciembre de 2024, Jesús Fernando apuñaló a Astrid y Dante y luego prendió fuego a la vivienda. Las primeras notas de prensa reportaron este feminicidio e infanticidio como una muerte.
«Ese caso fue la señal clara de que a partir de entonces iban a brotar casos similares en contra de mujeres. Queriéndolos encubrir como casos del crimen organizado, de enfrentamientos de grupos delictivos. Son feminicidas que están aprovechando la coyuntura para disfrazarlos», enfatiza León.
Intentos de esconder los feminicidios bajo dinámicas del crimen organizado también fueron mapeados en El Guayabo, en el municipio de Ahome, donde autoridades hallaron a Aide, calcinada y al interior de un automóvil.
«Aprovechar las aguas revueltas», como dice Marlene, hace evidentes las oportunidades que encuentran los feminicidas en contextos atravesados por la macrocriminalidad y la impunidad territorializada, como cuenta María Isabel, de la colectiva Orquídeas Moradas, quien, al igual que otras de sus compañeras al sur de Sinaloa tuvo que salir por amenazas en su contra. «Es importante hablar de feminicidios en territorios amenazados por el narcotráfico porque aquí la violencia es una realidad diaria. En lugares como Escuinapa y las comunidades que están alrededor (por ejemplo Rosario, San Ignacio, Isla del Bosque y Ojo de Agua de Palmillas) es donde el crimen organizado, la impunidad y el miedo conviven con la vida cotidiana. Las mujeres están más expuestas a una vulnerabilidad más profunda. Cuando un territorio está atravesado por violencia del narco también se deterioran las instituciones, los procesos de justicia y la confianza de denunciar. Eso hace que los juicios en lugar de investigarse, muchas veces se minimicen o se vuelvan algo de lo que la gente no quiera hablar».
A su vez, la obviación del feminicidio en los contextos de violencia generalizada impide identificar patrones particulares e indicadores para complejizar a los territorios: ejemplo de ello es el uso de arma de fuego, que con un 63% Sinaloa superó el promedio nacional (24%), según la revisión que hizo Cuéntame Latam a datos oficiales. O como señalan Heidy y Priscila: «A partir de esta narcoguerra se ha disparado la violencia dentro de las casas; estamos viendo casos de feminicidios con características más sangrientas. Hay un cambio; hay un antes y un después en los feminicidios. La población que es víctima está entre las edades de 17 a 27 años. Son muy jóvenes. Habíamos tenido un cambio en el lugar en el que estaban siendo asesinadas las mujeres»
Hablamos de las vidas de jornaleras, trabajadoras, mujeres que cruzaban la avenida o hacían las compras cuando grupos armados se enfrentaron; de adolescentes que pasaban cerca de domicilios acribillados y de mujeres que, antes de ser asesinadas, estuvieron privadas de la libertad. Se llamaban Danna, Monserrrat, Brenda, Mariana, Rosalba, Teresa, Kirenia, Dulce y Gloria. Hablamos de las vidas de madres y abuelas que estaban con sus parejas en su casa, que llevaban a sus hijes a bordo del auto o que solo salieron a comer. Se llamaban Arantxa, Jennifer, Manuela, Yohana, Demecia, Karina, Raquel, Laura y Margarita.
En los nombres en los que la narrativa gubernamental y mediática nos ha querido hacer olvidar, rechazar o sentir repudio también están los de mujeres que —real o presuntamente— se involucraron en el narcotráfico. La criminalización de las finqueras, mulas, quimiqueras, narcomenudistas, parejas y familiares de hombres en grupos delictivos no solo ha buscado reforzar la idea de las buenas y malas víctimas, de quienes merecen o no justicia u omitir que en América Latina existe una relación entre la feminización del narcotráfico y la feminización de la pobreza. También ha sido una estrategia clave en el negacionismo de la acentuación de las violencias de género y el deslinde de las (ir)responsabilidades estatales.
Entre septiembre y octubre de 2025, Sinaloa fue el tercer y cuarto estado con más casos de feminicidio en el país. La estadística a ninguna colectiva feminista la tomó por sorpresa.
«Culiacán ha sido parte de los municipios con más feminicidios en México; ha estado entre los primeros cinco lugares desde 2015, que fue cuando se empiezan a sacar cuentas de esto», puntualiza Priscila para recordar que Sinaloa es uno de los focos nacionales de los crímenes de odio en razón de género. Tan solo entre 2010 y 2020, organizaciones y activistas contabilizaron 70 feminicidios. La mayoría de ellos contra niñas y adolescentes.
La entidad también ha sido señalada por, como pasa en Ciudad Juárez y Aguascalientes, la negativa de clasificar e investigar este delito como tal y por un progreso muy bajo tras la declaración de la Alerta de Género en Ahome, Culiacán, Mazatlán y Navolato.
¿Por qué hablar de narcofeminicidios?
Aunque en una década la institucionalidad sinaloense ha adoptado e implementado modificaciones a la Ley estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la creación de la Secretaría de las Mujeres —apenas en 2024— , programas gubernamentales y apego a estrategias nacionales como «Somos Tu Red de Apoyo», las víctimas, sobrevivientes, denunciantes, activistas, grupos y organizaciones feministas siguen atravesando abandonos, especialmente en el combate al feminicidio en ciudades y municipios fuera la capital, situación que ha dado origen a colectivas cuyo enfoque prioritario es dar acompañamiento a las víctimas indirectas.
Tal es el caso de Orquídeas Moradas, que surgió tras el feminicidio de Olga Patricia, asesinada por el padre que sus hijos y pareja por 20 años. «Fue la llama encendida, lo que a nosotras nos motivó a hacer algo porque realmente hay indiferencia de las personas y del gobierno. No se preocupan ni les resulta incómodo porque solo se vuelven una cifra más. Este fue el noveno feminicidio en Escuinapa. Éramos alrededor de 10 integrantes permanentes y a raíz de toda esta situación de violencia nos hemos quedado solamente cuatro. Nuestras acción se ha visto muy permeada por el temor que hay. Hemos recibido amenazas. La casa de una de mis compañeras, María Isabel, fue expuesta cuando hicimos un tendedero virtual. Recibimos amenazas por parte de personas que están en el crimen organizado que literalmente nos dijeron: ‘o bajas la publicación o algo puede pasarle a sus familias’» narra Blanca acerca de las consecuencias invisibilizadas de la guerra interna del Cartel de Sinaloa: la cautela y, hasta cierto punto, la desconfianza como mecanismos reglamentarios del día a día.
«Los casos que hemos atendido, situaciones en las que simplemente no podemos avanzar porque entran en juego conexiones reales o falsas con personas que están ligadas al crimen organizado. Lo más difícil es que muchas veces ni tienes cómo comprobar si esas conexiones existen o no y eso las víctimas y a nosotras como acompañantes nos mantiene en un estado de alerta e incertidumbre constante. Genera miedo, ansiedad, desgaste y sentimiento muy fuerte de desprotección. No es un riesgo simple» – María Isabel, Orquídeas Moradas
Desplazarse forzadamente, lejos de sus hogares y con una intranquilidad que revolotea por la seguridad de sus familias y por lo mucho que han tenido que restringir —o incluso suspender— sus labores de acompañamiento no solo en casos de feminicidio o desaparición, como comparte Heidy.
«Ha habido retrocesos también en materia de derechos sexuales y reproductivos. Quienes hacemos acompañamiento de aborto estamos enfrentando problemáticas que ni siquiera enfrentamos en la pandemia por COVID. Ya no puedo enviar medicamentos a las periferias, a la sierra ni se diga. Empezamos a recibir casos de mujeres cuyas gestaciones sí eran deseadas, pero ante la seguridad, ante la nula seguridad que había y al ver que este evento se estaba extendiendo y que no iba a parar pronto, empezaron a acudir a que se les ayudara a interrumpir sus embarazos, embarazos que ya eran gestaciones avanzadas y que, por ende, no podían acudir a a una clínica. Entre las razones más comunes estaban que las parejas se habían quedado sin trabajo o habían buscado vida fuera de Culiacán. Entonces también estamos como que ante otro tipo de duelo porque ya la decisión no era «no quiero ser mamá; es un sí quiero ser mamá y este es mi bebé, pero no lo puedo tener así». Son otras problemáticas que a mí nunca se me hubiera ocurrido que pudiéramos atravesar. Tampoco hemos podido hacer actividades. Nos ubicaban por ser muy activas, con mucha movilización y mucho performance. Es algo que desde que empezó esto no hemos podido hacer porque hay otras necesidades»
«Otras necesidades», dicen para referirse al actuar colectivo para preservar la vida o para reclamar la dignidad de quienes no han escuchado, visto o abrazado por días, semanas o meses. En medio de informes que alertan que más del 45% de las personas desaparecidas en Sinaloa son mujeres entre los 15 y 29 años y de la lucha de asambleas vecinales formadas por quienes tuvieron que edificar una cotidianidad lejos de la tierra que grabó sus primeros pasos, las colectivas feministas en Sinaloa se han visto rebasadas por dar la vuelta al desasioego, atender a la inmediatez en atmósferas en pausa. Sea en las ciudades o en las zonas más cercanas a la periferia, lo urgente es acuerpar a las familias de comunidades rurales que han sido desplazadas forzosamente o a las que el crimen organizado ha privado de su acceso a servicios como la luz, el agua; o derechos tan básicos como el de la alimentación.
«Ya no estamos dando acompañamientos como antes. Por cuestiones de seguridad tuvimos que armar un plan, una estrategia para canalizar al Centro Regional de Justicia para las Mujeres. No tenemos recursos. Ahorita no hay ni siquiera un fondo en la colectiva. Aparte muchas personas voluntarias se han alejado del proyecto. Hemos tenido que sacar una nueva convocatoria para voluntarias. Somos pocas las que seguimos obteniendo el proyecto. No podemos hacer todas todo. Entonces dejamos de atender casos. Sobre todo estos casos de alto impacto como feminicidios, tentativas de feminicidio o violencia sexual ya los estamos canalizando», agrega Rita, de Periferia Subversiva, colectiva transfeminista que en 2025 recibió el galardón Ernesto Galarza por realizar brigadas de salud mental en las comunidades de Chirimoyos, La Petaca y El Cuatanal, en la sierra sur.
Para ella, así como para su compañera Elizabeth, quien recientemente se sumó a la colectiva para brindar atención psicológica, el negacionismo de la acentuación de las violencias de género y de los impactos diferenciales de la narcoviolencia se traducen en la falta de políticas integrales: «Sabemos que no hay una protección para nosotras. Siento que en lugar de hacer algo más profundo, es más superficial. [Las autoridades] no entran realmente en lo que es la violencia. No la atacan de raíz y lamentablemente esto va subiendo cada vez más. Y como madre, la me mortifica mucho. Siento que no hay protección del Gobierno o la Policía. Todos sabemos que están coludidos».
La situación por la que atraviesa Sinaloa y la demanda de colectivas, activistas, denunciantes, sobrevivientes y víctimas de combatir la violencia de raíz manifiesta la urgencia de entender y problematizar, de manera situada, cómo se ven vulneradas y perjudicadas las vidas de mujeres, niñas y adolescentes en contextos permeados por las dinámicas del crimen organizado.
Esta exigencia no es reciente, mucho menos en Latinoamérica. Desde hace varios años, en Argentina, el Observatorio Lucía Pérez ha propuesto el concepto de feminicidios territoriales para comprender la singularidad de crímenes como los cometidos contra Lucía Pérez, Melina Romero, Lara Rueda, Luna Ortiz y Araceli Fulles y cómo las tramas de macrocriminalidad, el entorpecimiento de los procesos judiciales y las narrativas estigmatizantes representan condiciones de posibilidad para las muertes violentas.
En México, la demanda de enunciar la especificidad de la violencia narcofeminicida ha ensordecido —y, paradójicamente, querido mantenerse silente— por más de tres décadas. Casos como los de Ciudad Juárez —ciudad frontera, ciudad de las maquilas, de tránsito, amparo y retorno— han mostrado claridad en que los modelos tradicionales de la teoría de género se han vuelto insuficientes para hablar de la repatriarcalización de los territorios. Por ello, las colectivas sinaloenses utilizan un nuevo término.
«Lo llamamos narcofeminicidio para tratar de explicar cómo la violencia de género también está atravesada por el crimen organizado y que el crimen organizado no es ajeno a estas jerarquías, que también tienen este componente misógino. Muchos de estos asesinatos a mujeres no se han investigado con perspectiva de género y [eso] también influye mucho en la crítica social, el juicio que permea en las personas que dicen: ‘Bueno, es que estamos en en una narcoguerra.Ve tú a saber con quién estaba’. Entonces, ni siquiera están investigando cuál fue el contexto del asesinato de estas mujeres. Inmediatamente las relacionan al crimen organizado».
La explicación de Heidy se entreteje con la línea de trabajo de Ainhoa Vásquez Mejías, académica que durante toda su carrera ha investigado la complejidad de la violencia perpetrada por el narcotráfico y las narrativas —especialmente literarias— sobre el feminicidio, la feminización del narcotráfico y de las guerras contra las drogas.
«Contamos con muy pocas herramientas para hacer evaluaciones más profundas y concretas respecto a este tipo de feminicidio. Generalmente las mujeres en el contexto de narcotráfico son víctimas mucho más que victimarias. Pareciera que la mayoría de las mujeres que vemos, que tenemos acceso por su vida dentro de algún tipo de cártel, cumplen roles subordinados. Por supuesto hay algunos casos emblemáticos, casos más históricos que actuales. También hay una reproducción del estereotipo de género. Es una narrativa que nos contó la televisión, que nos contaron las series, que nos contó la literatura, pero que en realidad dice muy poco de lo real, de lo social. Las mujeres siguen siendo sujetos desechables para el narcotráfico. Eso no ha cambiado. Las cárceles de Latinoamérica nos indican que casi el 90% de mujeres que están presas están vinculadas al narcotráfico y además son madres».
La crisis de inseguridad, sus impactos diferenciales y las condiciones que denuncian expertas y colectivas de Sinaloa han puesto sobre la mesa, con total transparencia, las necesidades a las que debe atender una política pública integral contra las violencias de género en territorios acechados por el crimen organizado. Para Rita, el punto de partida es situar a las mujeres en sus entornos, a partir de los cambios de sus procesos históricos y de las relaciones jerárquicas entre quienes los habitan:
«Se ha visto que la mayoría de las leyes y reformas que se han hecho a nivel estatal son copias de otras leyes. Siento que no se ha bajado al territorio. Las cosas han cambiado mucho. Pienso que las políticas sean integrales primero se tiene que entrevistar a las mujeres y a las personas LGBTTIQA+ sinaloenses».
Al pensar en las investigaciones de Iniciativa Sinaloa y en el accionar de las organizaciones de la sociedad civil, Marlene agrega:
«El estado debe armar una política con perspectiva de género en crisis de violencia, pero de manera integral. Eso es lo que le tendría que estar apostando el estado en este momento, no nada más atribuirle la responsabilidad a la Secretaría de Mujeres, sino que hay todo un un conjunto de dependencias que tienen una alta responsabilidad en todo esto que está ocurriendo desde la narrativa, desde la protección, desde la justicia, investigación y reparación del daño. Me parece que [las autoridades] deben ser honestas con la realidad que está ocurriendo. Para las organizaciones, el contexto que estamos viviendo nos indica que debemos de salir en alianzas y pedir rendiciones de cuentas.
A Sinaloa lo refugian las llanuras costeras, los céfiros semitropicales , el bálsamo de las flores de mayo y las mujeres que procuran y defienden la fertilidad de sus tierras, esas que entre texturas finas y arcillosas, graban las huellas de quienes gritan Vivas y libres nos queremos.
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