Editorial:

El Mencho Nemesio Oseguera Cervantes

Lo que no podemos obviar ni olvidar tras el “abatimiento” de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

  1. La madrugada del 22 de febrero, fuerzas federales realizaron un operativo en el municipio de Tapalapa en el que “abatieron” a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y uno de los criminales más buscados. El operativo dejó 62 personas fallecidas —25 de la Guardia Nacional— y 70 detenidxs. Dichos sucesos provocaron el recrudecimiento de la violencia (robos e incendios de vehículos, homicidios y daños a negocios) en 30 de los 125 municipios de la entidad (principalmente en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Puerto Vallarta, Autlán de Navarro y Casimiro Castillo), así como narcobloqueos y cierres de carreteras en 20 estados del país. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunció la suspensión de clases, campañas de vacunación, eventos deportivos y culturales. Medidas similares fueron dictadas en Michoacán, Querétaro, Colima, Nayarit, Guanajuato, Baja California, la región del Istmo en Oaxaca y 14 municipios de Edomex. 
  1. El expresidente [y genocida] Felipe Calderón Hinojosa (Fecal) “reconoció” el operativo para abatir a Oseguera Cervantes. Sin embargo, fue durante su presidencia (en 2012) cuando, por presunta intervención de Emilio González Márquez (exgobernador de Jalisco y político cercano a Fecal), se liberó al capo. En 2015, ya en la gestión [criminal] de Enrique Peña Nieto la Sedena, la Marina, la Policía Federal, la Procuraduría General de la República (PGR, ahora FGR) y el entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) realizaron el Operativo Guadalajara, que  no solo fue un intento fallido contra el CJNG, sino también una serie de violaciones a los derechos humanos contra civiles perpetrados por militares.
  2. De acuerdo con InSight Crime, el CJNG —caracterizado por una “estructura tipo franquicia con distintas facciones regionales semiautónomas” que opera transnacionalmente a partir del “uso agresivo de la violencia y campañas de relaciones públicas” — representa una de las principales amenazas criminales para México. En nuestro país, entre 1989 y 2024, se han reportado 139 mil 762 muertes asociadas a la violencia no estatal. De esta cifra, 73 mil 315 casos estuvieron vinculados al CJNG, lo que equivale a un 53.8% de todas las muertes ocurridas por delincuencia organizada.
  3. El CJNG es uno de los principales actores en la crisis de desaparición y otros delitos (entre ellos: la trata de personas, tráfico de combustible, secuestro de migrantes y el reclutamiento forzado) con los que el crimen organizado se diversifica y amplía su presencia y control territorial. En 2025 el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, fue identificado como uno de los centros de operación de este cartel.
  • El CJNG tiene presencia en más de 40 países. Desde hace varios años se ha denunciado que miembros de dicho grupo criminal están equipados con armamento israelí y/o son exmilitares entrenados por Israel y Estados Unidos

El trabajo de canales y sitios de noticias grandes y/o corporativos y de creadorxs de contenido es posible gracias a periodistas, reporterxs, comunicadorxs de medios y proyectos locales e hiperlocales.  La hiperproducción y, sobre todo, la hipercompetencia obvian —y llegan a demeritar— lo que se hace desde el territorio, que no solo se traduce en la invisibilización de lxs trabajadorxs y las condiciones de violencias estructurales en las que ejercen; también provoca la centralización narrativa

El “abatimiento” de Oseguera alteró la cotidianidad. Es fundamental entender las fracturas desde lo comunitario y lo barrial. 

Mientras la cobertura nacional e internacional priorizaron —una y otra vez— el discurso oficialista que detalló un “operativo histórico”, la cobertura local e hiperlocal reportaron afectaciones inmediatas —el cercamiento y la incomunicación de algunos municipios y enfrentamientos aéreos hacia viviendas, por ejemplo— y las formas en las que la comunidad estaba organizándose ante la crisis: comerciantes de garnachas y pozole ofreciendo sus productos a domicilio, personas dando raite u hoteles ofreciendo espacio para quienes se quedaron varadxs en el camino.

La periodista Carmen Aggi Cabrera (fundadora de Letra Fría) señaló que fueron las audiencias quienes estuvieron enviando información sobre lo que ocurría en municipios de la región Sierra de Amula y Costa Sur. Estos reportes hicieron contrapeso al silencio de los gobiernos locales. Por otro lado, periodistas como Jade Ramírez (Perimetral Press) monitorearon de cerca a poblaciones que, por los bloqueos y la ruptura de zanjas en las carreteras, tuvieron que regresar a pie a la Zona Metropolitana de Guadalajara. 

La prensa local e hiperlocal siempre han recordado que la violencia territorial no es una situación ni un tema de simple latencia

Sistemáticamente, las personas que trabajan o colaboran en y con estos espacios han investigado —con presupuestos ajustados y sin un funcionamiento adecuado de medidas como el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas— las dinámicas y afectaciones del crimen organizado en sus comunidades y la permisividad-complicidad que este encuentra en las autoridades.

Han denunciado cómo, por décadas, la presencia y el control de grupos y carteles han socavado los derechos humanos (especialmente el acceso a la salud, vivienda, educación y a una vida libre de violencia). La prensa local e hiperlocal hacen hincapié en no perder de vista cómo este tipo de eventos modifican agendas de los activismos y, con ello, obstaculizan luchas territoriales, como las que han acuerpado comunidades cercanas a la cuenca Lerma Santiago o las de familias buscadoras.  

Como en el terremoto del 9 de septiembre de 2017 y en los culiacanazos, gran parte de la desinformación ocurre como un ejercicio de comunicación: dichos y rumores que se esparcen por las redes porque individualmente lxs usuarixs buscan poder ayudar a las personas en situaciones de crisis, sin saber que están compartiendo información falsa, falaz o descontextualizada. 

Esta, que académicamente se conoce como “misinformación”, es el tipo de desinformación más difícil de combatir, pues en situaciones de crisis, y con una comunicación poco clara de parte de las autoridades, el vacío informativo se llena con participación ciudadana. 

Cuando hablamos de personas que viven en la zona de conflicto/emergencia/crisis o que tienen familiares y conocidxs en ellas, el peso emocional de esta información es completamente diferente. Estamos hablando de momentos traumáticos y complejos que no se pueden racionalizar de manera efectiva.

Estas crisis, también, son aprovechadas por creadorxs de contenido que explotan económicamente la violencia. Videos hechos con IA generativa o sacados de contexto que son empujados para sumar reproducciones y disparar el alcance de cuentas para luego ser vendidas a granjas de bots, campañas de publicidad o forman parte de programas de monetización y son administradas desde otros países.

El ruido en estos momentos es ensordecedor y tener no sólo las herramientas sino la capacidad emocional de filtrarlo es difícil es algo que puede hacer personal entrenado: periodistas, por ejemplo. El miedo es real y es por algo que está ocurriendo en tiempo real, por lo que debería de haber un estándar mayor para las instituciones mediáticas y los individuos que, desde su posición pública como comunicadores, deciden compartir información falsa.

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La minimización del miedo y la angustia es una estrategia en la que se apoyan medios, plataformas y creadorxs de contenido para deslindarse de las responsabilidades que tienen al comunicar.  Además, mediática, discursiva y socialmente, se busca dejar de lado las afectaciones particulares en la salud mental. Las conversaciones sobre trauma colectivo y heridas comunitarias no son una “banalidad” o “un capricho”; son una necesidad y una demanda no negociable.