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Ana Febe Rojas Vega tenía 28 años; era pedagoga y su familia la recuerda como una mujer fuerte, tierna, inteligente y llena de sueños. Vivía con Christian, su esposo, señalado como el presunto responsable de su feminicidio el 24 de marzo de 2026. 

Ana sufrió violencias desde el inicio de su matrimonio. Según declaraciones de su familia, Christian la golpeó el día que se casaron por el civil (septiembre de 2025) y por la Iglesia (noviembre de 2025). Constantemente la corría de la casa, le controlaba el contacto con sus seres queridos y le limitaba el uso de redes sociales. 

Christian sabía cómo no hacer visibles los golpes — “ponía una almohada para ocultar los puñetazos”, reporta el padre de Ana, Fidel—; tenía antecedentes de violencia doméstica con su anterior pareja. La situación no era conocida por la madre y el padre de Ana. En entrevista señalan que cuando la familia de Christian lo acompañó a pedir la mano de Ana omitieron el historial. 

El señor Fidel sospecha que su hija no acudió a las autoridades por miedo a represalias. “Tal vez la amenazó con lastimarnos o con algo peor. [Christian] la vigilaba, hostigaba y atormentaba psicológicamente. [Ana] solo usaba WhatsApp. Inicialmente nos tardaba en contestar. No nos decía nada. Solo nos decía que estaba muy ocupada. [Ahora ya] nos comentan muchas amiguitas de ella que vieron lo mismo: que de repente empezó a apartarse de redes, a no contestar, a ser muy seca en sus contestaciones. Esa no era nuestra hija”. 

Ana solía acercarse a su gente de confianza de la iglesia “El Remanente”, a la que también pertenecía Christian. Cuando tuvo la confianza de platicarle a dos de sus amigas —que ella consideraba “hermanas”—lo que estaba viviendo le dijeron que la exesposa se divorci´ó de Christian por maltrato y agresiones.  

El 12 de marzo de 2026, cerca de las 23:30 h, Ana pidió ayuda a su familia después de que Christian la corriera de la casa a empujones. Estuvieron con ella hasta el 18. Ana les puso al tanto de la situación. El 19 se reunió con uno de los líderes de la congregación para hablar con Christian porque quería arreglar las cosas. Al día siguiente, su familia estuvo presente en una conversación con ella, Christian y el líder religioso. 

Menos de una semana después, la noche del 24 de marzo, Fidel e Isabel recibieron la llamada del pastor Jorge “N”, que les informó que Ana había tenido un percance en el baño y que Christian había intentado reanimarla. Desde un principio supieron que algo le había pasado a su hija. 

Ante el Ministerio Público de Cuajimalpa, Christian declaró que esa noche Ana no fue a la iglesia porque estaba en su periodo y se había quedado en casa pintándose en el pelo; también dijo que cuando se percató que no salía del baño, rompió la puerta e intentó asistirla. 

La familia de Ana ha señalado las irregularidades en las palabras del presunto feminicida. Isabel puntualiza que Ana menstruó y tiñó su cabello los días que estuvo en casa con ellxs. Tampoco se están tomando en cuenta que Christian, la congregación y Jorge “N” aseguraron que al lugar de los hechos acudió una ambulancia. La madre y el padre de Ana están convencidxs de no haber visto ningún vehículo ni paramédicos cuando llegaron.   

El personal del Servicio Médico Forense (Semefo) tardó en atenderles tres o cuatro horas. Según comparte Isabel, durante la espera, ella y Fidel vieron que los patrulleros estaban conversando con familiares de Christian. Cuando la hermana de Ana entró al Semefo identificó signos de violencia en el cuerpo. La familia denuncia que estos detalles fueron omitidos en los peritajes. A esta negligencia se suma que las autoridades —tanto el Ministerio Público como la Fiscal´ía— no están tomando en cuenta las agresiones previas ni el posible encubrimiento por parte de la congregación. 

✹ Desde Cuéntame Latam nos sumamos a las exigencia de que el caso de Ana Febe Rojas Vega no quede archivado e impune. También demandamos que las instituciones procuren las medidas necesarias para mantener segura a la familia de Ana.  Le recordamos a lxs funcionarios que están en la obligación de conducir las investigaciones y los procedimientos con perspectiva de género, como lo indica el marco normativo del Estado mexicano en materia de feminicidio: 

• Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979)
• Convención de Belém do Pará (1994)
• Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007)
• Sentencia Campo Algodonero (2009)
• Código Penal Federal
• Código Penal de la Ciudad de México
• Sentencia Mariana Lima Buendía (Amparo en Revisión 554/2013)
• Sentencia Karla Pontigo (Amparo en Revisión 1284/2015)
• Protocolo de Investigación Ministerial, Pericial y Policial con perspectiva de género para el Delito de Feminicidio (2020)